El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX para la legislatura 2026-2030 marca la hoja de ruta política de la Junta de Castilla y León para los próximos cuatro años. Aunque el documento aborda materias muy diversas —fiscalidad, infraestructuras, vivienda, agricultura, energía o servicios públicos—, desde USCAL consideramos especialmente relevante analizar qué repercusiones puede tener sobre los empleados públicos y sobre la actividad de las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica.
Un acuerdo con incidencia directa en los servicios públicos
El documento dedica una parte importante de sus compromisos a la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte y la propia organización administrativa de la Comunidad.
Entre las medidas anunciadas destacan:
- Refuerzo de la Atención Primaria.
- Actuaciones para reducir listas de espera.
- Impulso de la salud mental.
- Apoyo a la educación rural y la Formación Profesional.
- Refuerzo de la atención a la dependencia.
- Mejora del transporte público y de las infraestructuras.
La ejecución efectiva de estas medidas requerirá necesariamente recursos humanos suficientes y una adecuada planificación de plantillas.
Para los empleados públicos esto supone una oportunidad para reclamar que los compromisos políticos se traduzcan en inversiones reales en personal, cobertura de vacantes, reducción de temporalidad y mejora de las condiciones de trabajo.
Simplificación administrativa: efectos sobre el personal
Uno de los ejes principales del acuerdo es la simplificación administrativa y la reducción de trámites burocráticos.
La generalización de las declaraciones responsables y la reducción de autorizaciones previas pueden agilizar la actividad administrativa, pero también plantean interrogantes sobre:
- La redistribución de cargas de trabajo.
- El aumento de controles posteriores.
- Las necesidades de formación especializada.
- La adaptación de procedimientos internos.
Desde la perspectiva sindical, cualquier proceso de modernización debe realizarse con participación de los representantes de los trabajadores y garantizando que no se traduzca en una sobrecarga para unas plantillas que, en muchos ámbitos, ya trabajan al límite de su capacidad.
Sanidad, educación y servicios sociales: más exigencia para las plantillas
El acuerdo fija objetivos ambiciosos en materia sanitaria y social.
Sin embargo, la mejora de los servicios públicos no será posible únicamente mediante inversiones en infraestructuras o tecnología. Será imprescindible contar con:
- Más profesionales.
- Cobertura efectiva de plazas vacantes.
- Incentivos para zonas de difícil cobertura.
- Estabilidad laboral.
- Mejora de las condiciones de trabajo.
Esta realidad afecta especialmente a sectores como:
- Personal sanitario.
- Personal docente.
- Servicios sociales.
- Dependencia.
- Administración general.
- Personal técnico y especializado.
Las organizaciones sindicales deberán vigilar que los compromisos adquiridos se traduzcan en mejoras reales para los trabajadores y no únicamente en declaraciones programáticas.
La despoblación y el papel estratégico de los empleados públicos
La lucha contra la despoblación ocupa un lugar destacado en el acuerdo.
Se anuncian medidas fiscales, económicas y de infraestructuras para favorecer la permanencia de población en el medio rural.
Sin embargo, la experiencia demuestra que uno de los principales factores de fijación de población es la existencia de servicios públicos de calidad.
Los empleados públicos desempeñan un papel esencial en este objetivo:
- Profesionales sanitarios.
- Docentes.
- Veterinarios oficiales.
- Agentes medioambientales.
- Trabajadores sociales.
- Personal administrativo.
- Personal de emergencias.
Mantener estos servicios exige plantillas suficientes y una adecuada política de recursos humanos.
Posibles repercusiones para las organizaciones sindicales
Aunque el acuerdo no plantea medidas específicas dirigidas a la representación sindical en la Administración, sí contiene líneas de actuación que pueden afectar indirectamente a la actividad de los sindicatos.
1. Mayor protagonismo de la negociación colectiva
La ejecución de muchas de las medidas anunciadas requerirá negociación en las Mesas Sectoriales y en la Mesa General de Empleados Públicos.
Aspectos como:
- Plantillas.
- Procesos selectivos.
- Carrera profesional.
- Formación.
- Teletrabajo.
- Movilidad.
- Condiciones laborales.
seguirán necesitando acuerdos con las organizaciones sindicales representativas.
2. Revisión de estructuras administrativas
El acuerdo apuesta por la simplificación administrativa y la reducción del denominado gasto superfluo.
Dependiendo de cómo se desarrollen estas medidas podrían producirse:
- Reorganizaciones administrativas.
- Cambios competenciales.
- Reestructuración de organismos públicos.
- Modificaciones organizativas.
En estos procesos la participación sindical será especialmente relevante para garantizar los derechos del personal afectado.
3. Incremento de la actividad reivindicativa
La puesta en marcha de nuevas políticas públicas suele generar nuevas necesidades de personal.
Los sindicatos previsiblemente deberán intensificar su actividad en materias como:
- Cobertura de plazas.
- Reducción de la temporalidad.
- Recuperación de poder adquisitivo.
- Salud laboral.
- Carrera profesional.
- Promoción interna.
4. Defensa de los servicios públicos
El acuerdo incorpora medidas de racionalización administrativa y control del gasto.
Las organizaciones sindicales tendrán la responsabilidad de vigilar que estas actuaciones no impliquen:
- Reducción de plantillas.
- Externalizaciones injustificadas.
- Pérdida de servicios.
- Deterioro de las condiciones laborales.
5. Participación en el desarrollo normativo
Buena parte de las medidas anunciadas requerirán:
- Leyes.
- Decretos.
- Reglamentos.
- Planes estratégicos.
Los sindicatos deberán participar activamente en los procesos de consulta y negociación para defender los intereses de los empleados públicos.
Oportunidades y riesgos para el sindicalismo
Oportunidades
- Incremento de la negociación colectiva.
- Posibilidad de reforzar plantillas en servicios esenciales.
- Participación en la modernización administrativa.
- Mayor protagonismo en la lucha contra la despoblación.
- Defensa de la calidad de los servicios públicos.
Riesgos
- Posibles reorganizaciones administrativas sin recursos suficientes
- Incremento de cargas de trabajo derivadas de nuevos procedimientos.
- Dificultades para ejecutar nuevas políticas sin aumento de personal.
- Tensiones presupuestarias derivadas de las reducciones fiscales previstas.
- Necesidad de vigilar que las medidas de eficiencia no repercutan negativamente en el empleo público.
Posición de USCAL
Desde USCAL consideramos que cualquier proyecto político debe tener como prioridad el fortalecimiento de los servicios públicos y el reconocimiento del papel esencial que desempeñan los empleados públicos en Castilla y León.
Seguiremos defendiendo:
- Empleo público estable y de calidad.
- Plantillas adecuadas a las necesidades reales.
- Carrera profesional efectiva.
- Formación continua.
- Mejora de las condiciones laborales.
- Negociación colectiva real y efectiva.
- Prestación de servicios públicos de calidad en todo el territorio.
Durante esta legislatura realizaremos un seguimiento permanente del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y de su impacto sobre los empleados públicos y sobre la ciudadanía de Castilla y León.
Porque detrás de cada política pública hay profesionales que la hacen posible, y porque el futuro de los servicios públicos depende, en gran medida, de las condiciones en las que trabajan quienes los prestan.
Documentos: