La Justicia condena a la Junta de Castilla y León por frenar la carrera profesional de sus empleados públicos. El Tribunal de instancia de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia histórica que obliga a la Consejería de la Presidencia a convocar de inmediato la Categoría II ordinaria de la carrera profesional horizontal, un derecho que el Gobierno autonómico mantenía bloqueado de forma ilegal a través del silencio administrativo.
El fallo judicial estima íntegramente la demanda interpuesta por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL). La resolución anula la inactividad de la Junta y le impone la obligación de abrir el proceso de acceso para los años 2023 y 2024 con carácter retroactivo. Esto significa que los empleados públicos que cumplan los requisitos percibirán todos los efectos económicos y administrativos desde el momento original en que debieron consolidar este derecho laboral.
Un varapalo judicial a la inactividad de la Junta
El magistrado-juez, desmonta en los fundamentos jurídicos la postura de la Consejería de la Presidencia. La Junta intentó eludir la convocatoria alegando tecnicismos procesales y defendiendo que los plazos de permanencia dilataban su obligación hasta el año 2027.
Sin embargo, la sentencia recuerda de manera tajante que el Decreto 49/2022, que regula la carrera profesional horizontal en la comunidad autónoma, establece un mandato reglado y sin margen de discrecionalidad: la Junta tiene la obligación legal e inexcusable de convocar los procesos de acceso para todas las categorías profesionales dentro del primer trimestre de cada año. Al no hacerlo, el Ejecutivo regional incurrió en una inactividad que «vació de contenido real» los derechos económicos y de progresión laboral de su plantilla.
Impacto y retroactividad
La resolución judicial se centra específicamente en la Categoría II ordinaria, ordenando la convocatoria «a la mayor brevedad posible». El sindicato USCAL, a través de sus servicios jurídicos ha logrado un triunfo clave para los trabajadores de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.
Los fundamentos de la sentencia fijan un precedente contundente contra el uso del silencio administrativo como herramienta para congelar las mejoras salariales y laborales ligadas a la evaluación del desempeño del funcionariado castellanos y leoneses.
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