APAMCYL denuncia la falta de funcionarios en los servicios jurídicos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de varias provincias

El Sindicato profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León APAMCYL, federado en USCAL, denuncia públicamente la grave situación que atraviesan los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de varias provincias de nuestra Comunidad debido a la falta de funcionarios de los servicios jurídicos, responsables de tramitar los expedientes sancionadores derivados de las denuncias interpuestas por los Agentes Medioambientales y otros cuerpos de agentes de la Autoridad ante las infracciones contra las leyes medioambientales.

Esta carencia no solo afecta al funcionamiento interno de los Servicios Territoriales, sino que también tiene un impacto directo en el trabajo de los Agentes Medioambientales, en la seguridad jurídica de los administrados y, especialmente, en la protección del medio ambiente.

La ausencia de este personal provoca un colapso en la tramitación de denuncias, dejando sin resultado el esfuerzo y el trabajo de campo realizado por los Agentes Medioambientales y resto de agentes que se ocupan de la protección de la Naturaleza. No olvidemos que TODAS las denuncias sobre incumplimientos ambientales se han de resolver por la administración autonómica en la mayoría de los casos, en los Ayuntamientos en los menos. Estos profesionales dedican tiempo y recursos a vigilar, investigar y documentar posibles infracciones, pero sin la instrucción adecuada, sus actuaciones quedan vacías de contenido y sin respaldo y efecto real, decaen y generan una sensación de impunidad ante el incumplimiento de la normativa.

La falta de funcionarios de los servicios jurídicos no solo afecta a los trabajadores públicos y a los ciudadanos, sino que además deja al medio ambiente desprotegido. Aunque los Agentes Medioambientales realizan su labor con dedicación y profesionalidad, la paralización de los expedientes sancionadores permite que las infracciones queden impunes y se repitan, ocasionando daños irreparables al entorno natural y en muchas ocasiones a la seguridad medioambiental y a la salud pública de la ciudadanía.

Asimismo, esta situación genera indefensión para los administrados. En algunos casos, las denuncias pueden derivar en procedimientos sin la debida tramitación o garantías, con perjuicios irreparables, especialmente cuando implican el decomiso de armas, herramientas o materiales utilizados en las infracciones. Incluso por paralización de actividades de manera cautelar, que pueden conllevar responsabilidad patrimonial de la administración.

A esta grave situación se suma la incongruencia de la gestión del actual equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León, que anuncia la contratación de 90 técnicos sin que se haya aclarado la fórmula jurídica de dicha contratación, mientras mantiene vacantes más de 20 plazas de funcionarios de los servicios jurídicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. Esta política de personal contradice los principios de eficacia y legalidad, ya que prioriza contrataciones de dudosa base jurídica mientras abandona puestos esenciales para garantizar la aplicación de las leyes ambientales y alimentando así la impunidad de los incumplimientos normativos.

Por todo ello, APAMCYL exige a la Junta de Castilla y León que adopte medidas urgentes para cubrir las plazas vacantes de funcionarios de los servicios jurídicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. La protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la eficacia del trabajo de los funcionarios públicos no pueden seguir en riesgo por la falta de personal cualificado y por decisiones políticas incoherentes con los objetivos de conservación y cumplimiento de la legalidad.

El Gobierno de Castilla y León debe dejar de bombardear a los representantes de los empleados públicos con medias verdades, cuando mantiene una gestión de personal que no protege los interese ambientales de Castilla y León y vulnera derechos constitucionales de toda la ciudadanía de Castilla y León. Una política nada acertada por el equipo de gobierno, precisamente en uno de los peores años de Incendios forestales en esta Comunidad Autónoma.

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