La Audiencia provincial archiva la denuncia contra los agentes medioambientales y señala que el cierre de Ecoaranda fue proporcional al riesgo

El Juzgado de Primera Instancia de Aranda, en un auto tras la denuncia por prevaricación interpuesta por Ecoaranda contra los dos agentes medioambientales que  paralizaron la entrada de lodos en la planta de la carretera de La Aguilera el 14 de agosto de 2020, considera que el cierre cautelar de la entrada de lodos en las instalaciones fue una medida proporcional «en aras de prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana».

En el auto de archivo y sobreseimiento de la denuncia, ratificado por la Audiencia Provincial, se expone que «la actuación de los agentes se realizó en ejercicio de sus funciones de inspección», teniendo como hecho acreditado «el malestar y quejas de los vecinos colindantes a la zona donde opera la mercantil»

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) denuncian que «los agentes medioambientales de Aranda han soportado un año de procedimientos judiciales por hacer cumplir las leyes de Protección Ambiental» mientras que «la junta de Castilla y León les denegó la asistencia judicial». Los agentes denunciados tuvieron que correr con los gastos de procurador y abogado para defenderse «por realizar su trabajo como empleados públicos».

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid falló a favor de los agentes medioambientales, considerando la medida cautelar adoptada por los agentes como perfectamente legal por estar dentro de sus competencias, por el peligro razonable e inminente para la salud de las personas y el medio ambiente y ser proporcional para los intereses de la empresa, por lo que condena a la Junta a correr con los gastos de defensa jurídica de los agentes y a pagar las costas de este proceso.

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